Javier Milei lo festejó como un gol en el último minuto: la confirmación del veto a la ley que aumentaba el gasto jubilatorio no solamente le permitió cortar una seguidilla de derrotas parlamentarias y ahuyentar el fantasma de un descontrol fiscal. Sobre todo, le permitió mostrar una imagen de liderazgo político justo cuando la volatilidad del mercado financiero estaba dando señales peligrosas.
En definitiva, tanto Milei como sus adversarios saben que en Argentina a un presidente puede se le pueden tolerar muchas cosas, pero no una pérdida de gobernabilidad. Ese es el punto que a los politólogos les gusta recalcar a la hora de enumerar los puntos fuertes del peronismo, que se jacta de mantener «el control de la calle».
Y, desde ese punto de vista, la situación de Milei se venía deteriorando paulatinamente. Después de todo, ya había sufrido el boicot a su agenda de reformas en el Congreso el año pasado, pero logró superar la situación razonablemente bien. Por caso, bien al inicio de la gestión fracasó su primer proyecto de ley Bases, pero avisó que eso no pondría en riesgo su meta fiscal, porque contaba con un «plan B». Y, finalmente, tras una tensa pulseada con los gobernadores, consiguió el apoyo para reinstaurar el impuesto a las Ganancias.
También el año pasado había sufrido la aprobación, por parte de la oposición, de una reforma jubilatoria y de una ley de financiamiento universitario que suponían un costo fiscal. Y ambos vetos quedaron firmes sin mayores contratiempos.
Pero aquella situación parece ahora muy lejana. Aunque la composición del Congreso sigue siendo la misma, el clima político y social cambió. La prueba de ello es que el propio Milei, a diferencia de lo que afirmaba el año pasado, ya no se jacta de tener plan B y, por el contrario, agita el fantasma del regreso del déficit fiscal.
Cuantificando el costo del «riesgo K»
Milei reconoció tácitamente la gravedad de su debilidad política en su cadena televisada de hace dos semanas, cuando estimó en 2,5% del PBI el costo fiscal combinado de todas las reformas que estaba intentando la oposición. Y fue allí cuando anunció sus proyectos para «amurallar el déficit cero y la política monetaria».
Pero estaba claro que el presidente se refería a un proyecto que recién podría aprobarse luego de las elecciones de octubre. Es decir, se trataba de una medida con más efecto simbólico que real, porque a nadie le pareció creíble que el mismísimo Congreso que estaba minando su política fiscal fuera a levantar la mano para aprobar una ley por la cual se prohíbe aprobar leyes sin financiación.
Peor aun, el propio Milei había avisado su intención de judicializar una eventual derogación de su veto, amparándose en una ley ya existente -la 24.156 de Administración Financiera-, que en su artículo 38 obliga a que «toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento». Es decir, el presidente estaba «blindando» su superávit fiscal con un proyecto de ley que, en gran medida, era redundante con otra ya existente.
La realidad es que aquellos anuncios de la cadena televisada habían sido la excusa formal para plantear el verdadero mensaje político de Milei: que la oposición kirchnerista es el verdadero «riesgo país» y que toda la agenda de reformas quedará en riesgo si el oficialismo no obtiene una victoria contundente en las urnas.
De hecho, el ministro Luis Toto Caputo llegó a medir ese «riesgo K» en puntos básicos del índice EMBI que elabora el banco JP Morgan. Según Caputo, la situación macroeconómica argentina, tras la caída de la inflación, tras haber levantado el cepo cambiario y de haber recibido un refuerzo de u$s14.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional, ameritaba que el riesgo país se ubicara ahora en 400 puntos.
Sin embargo, en el mercado hay una alta volatilidad para los títulos de deuda soberana, y el riesgo país argentino persiste encima de los 700 puntos básicos.
De acuerdo con ese razonamiento, un resultado electoral que le permita al gobierno blindar su política fiscal con un Congreso amigable debería traer como consecuencia un desplome de 300 puntos en el riesgo país.
Javier Milei, más flexible ante las provincias
Ahora, al quedar firme el veto a la reforma jubilatoria, Milei no sólo elude un costo fiscal que este año costaría un 0,3% del PBI y el año próximo un 0,76%. Además, allana el camino para que no prospere uno de sus proyectos más temidos: el que le quita al gobierno el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional y se los transfiere automáticamente a las provincias.
Después de todo, no habría sido posible sostener el veto en el tema jubilatorio si no hubiese antes negociado el apoyo clave de tres gobernadores: el misionero Hugo Passalaqcua, el entrerriano Rogelio Frigerio y el mendocino Alfredo Cornejo -con quienes llegó a acuerdos electorales para las legislativas-.
Por otra parte, hubo diálogos para que los legisladores vinculados a los gobernadores apoyen un proyecto alternativo. Milei flexibilizó su postura inicial a cambio de que las provincias vuelvan a ser «dadoras de gobernabilidad». Eso ocurrió, por ejemplo, cuando le dieron su voto para aprobar el nuevo acuerdo con el FMI, algo que Milei había pedido al inaugurar el año legislativo. Ese mismo día había prometido una regla que impediría nada que se pareciera a un «plan platita» pero hizo un guiño a las provincias al prometer una reforma federal para el manejo de los recursos tributarios.
Pero ese acuerdo hoy aparece muy lejano, y en un año electoral, muchos de estos jefes provinciales ponen en juego su futuro político, por lo que ya dejaron en claro que no están dispuestos a sacrificarse en las urnas para preservar el superávit fiscal de Milei. En definitiva, hay una pelea por una caja equivalente a un 0,12% del PBI, que al día de hoy significarían u$s840 millones.
En caso de que se apruebe la versión «atenuada» -que acepta un traspaso limitado de los ATN a las provincias y un reparto de eventuales «remanentes» cada fin de año- reduciría considerablemente el costo fiscal. Por eso Milei abandonó su postura inflexible para apostar a la muñeca negociadora de su jefe de gabinete, Guillermo Francos.
El mercado mira la batalla parlamentaria
En todo caso, lo ocurrido en el Congreso le permite a Milei reforzar su mensaje electoral: que todo lo que está ocurriendo en los últimos días -desde las tasas de interés hiper volátiles hasta la mayor presión sobre el dólar y los precios- obedecen a una caída en la demanda de dinero por parte del público. Y que ese rechazo a los pesos es el reflejo de un temor a que el kirchnerismo obtenga un resultado electoral que le permita nuevos proyectos para sabotear el superávit fiscal.
El presidente no sólo se juega su programa económico en el partido de los vetos, sino también en la defensa de sus decretos dictados en el marco de las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso.
Fue en esos decretos donde se instrumentó el «plan motosierra», con su recorte de nómina de empleados públicos y con la eliminación o reducción de organismos de la administración central -como la Dirección Nacional de Vialidad, que cuenta con una planta de 5.000 empleados-.
Claro que una recuperación de Milei en la batalla parlamentaria también implica un costado riesgoso: debería reflejarse en una normalización del mercado financiero, donde hoy se critica con dureza la estrategia de política monetaria y se asignan altas probabilidades a la ocurrencia de una devaluación post electoral.
De acuerdo con la línea argumental del gobierno, si el «riesgo K» se debilitara por el sostenimiento del superávit fiscal y por la difusión de encuestas que favorecen al oficialismo, entonces el mercado financiero debería reflejar esa situación con una mejora en los precios de los bonos y una caída de las tasas de interés.