En un duro revés judicial para Argentina, la jueza del distrito sur de Nueva York Loretta Preska dictó un nuevo fallo adverso para la Argentina en la larga disputa legal por la estatización de YPF.
En una resolución reciente, dispuso que el país deberá entregar el 51% de las acciones de la petrolera, el paquete que fue nacionalizado en 2012, como parte del proceso de resarcimiento por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) en el momento de la expropiación.
Duro revés para Argentina por YPF: cómo se originó el conflicto legal
El caso se remonta a la estatización impulsada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner en el año 2012. En ese momento, el fondo Eton Park era accionista minoritario de YPF, mientras que Burford Capital adquirió los derechos para litigar en la Justicia española tras la quiebra de las compañías Petersen, fundadas por la familia Eskenazi en ese país, y también accionistas de la petrolera argentina.
Ambos fondos demandaron al Estado argentino al considerar que el gobierno había incumplido el estatuto de YPF, el cual fue presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) cuando la firma comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en 1993. Según el artículo 7° de ese estatuto, cualquier comprador que adquiera más del 15% del capital accionario de la compañía está obligado a lanzar una OPA al resto de los accionistas. Ese paso nunca fue dado por la administración kirchnerista.
En medio del debate legislativo por la expropiación, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, justificó públicamente la decisión de no cumplir con esa cláusula: «Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a u$s19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!». Esa frase fue citada tanto por los demandantes como por la propia jueza Preska en su argumentación.
«La República obligó a los demandantes a prestarle asistencia financiera después de desalojar por la fuerza a los directores de YPF el 16 de abril de 2012, lo que derivó en la salida inmediata de los representantes de Repsol. El señor Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’», sostuvo Preska en su fallo.
La defensa argentina planteó durante todo el juicio que la Constitución nacional tiene supremacía por sobre el estatuto de una empresa privada, y que la expropiación se llevó adelante conforme a la legislación local vigente. Además, explicó que Burford abonó 15,1 millones de euros al fisco español y cedió un 30% de la indemnización esperada por el derecho a litigar, tras la quiebra de las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora, constituidas en España.
Los demandantes contra Argentina por la reestatización de YPF
Las empresas Petersen, que fueron propiedad de la familia Eskenazi –también dueños del Banco de Santa Cruz–, adquirieron en febrero de 2008 un 25% de YPF a Repsol, en dos etapas: primero un 14,9% por u$s1.100 millones y luego otro 10,1% por u$s2.200 millones, con financiamiento de bancos europeos. La devolución de esos créditos iba a realizarse con los dividendos de la compañía, pero tras la estatización y la suspensión de los pagos, las compañías entraron en cesación de pagos.
Por su parte, Eton Park compró un 3,04% de YPF en noviembre de 2010 por u$s458 millones. Cuatro años después, en 2014, Kicillof acordó con Repsol una compensación de u$s5.000 millones por el 51% de las acciones expropiadas.
La demanda judicial contra YPF y la República Argentina fue iniciada en abril de 2015. Actualmente, el valor total de la compañía ronda los u$s5.100 millones en Wall Street, pero el fallo de Preska implica que el país deberá desembolsar una suma tres veces superior por la expropiación de 2012.
Es que, desde septiembre de 2023, el momento en que se emitió el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital – titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park-, los intereses se acumulan: cada día que pasa sin que el país pague los u$s16.000 millones por la estatización de la compañía, el país debe pagar u$s2,5 millones en intereses.
En ese sentido, el bufete Burford había puesto en una lista de presuntos activos embargables a las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China.