La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) cuestionó las modificaciones de último momento al Proyecto de Modernización Laboral y advirtió que el cambio en el artículo 128 consolida aportes obligatorios sin controles ni trazabilidad.
En un comunicado, la entidad expresó su rechazo a la alteración introducida por el oficialismo, al considerar que es “llamativa y contradictoria”, ya que la versión original establecía el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias. Según CADAM, la nueva redacción garantiza la continuidad de una recaudación millonaria sin mecanismos de rendición pública.
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Desde la cámara mayorista sostuvieron que el cambio “otorga impunidad y una doble garantía para que continúen recaudando fondos millonarios”, en un contexto en el que la reforma laboral debería apuntar a transparentar costos y reducir distorsiones en las paritarias.
Uno de los ejes del reclamo es el conflicto de intereses que involucra a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que participan de la negociación paritaria y, al mismo tiempo, administran los aportes obligatorios a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
Aportes obligatorios y cuestionamientos al INACAP
El aporte al INACAP equivale al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A y alcanza a unos 1,2 millones de trabajadores del convenio mercantil. Según detallaron en la misiva de CADAM, esos fondos se redistribuyen mayormente entre la CAC y la CAME, lo que implica que con cada aumento salarial paritario las entidades “se autobenefician” con mayor recaudación.
La cámara recordó que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había establecido mediante el Decreto 149/2025 el carácter voluntario de estos aportes, pero una cautelar impulsada por el propio INACAP dejó sin efecto la medida.
Según se detalló en el comunicado de CADAM, en ese expediente judicial, el instituto reconoció que recauda más de $30.000 millones anuales, aunque sin detallar cuánto se destina a capacitación y cuánto al sostenimiento de cámaras empresarias u otros gastos, lo que reforzó las críticas por la falta de trazabilidad.
CADAM también advirtió sobre la existencia de entidades de “dudosa representación real” y señaló que numerosas organizaciones empresarias vienen exponiendo estos reclamos ante el Congreso desde el año pasado.
Costos ocultos y aporte COVID
Otro de los puntos cuestionados es la permanencia de “costos ocultos” en más de 1500 convenios colectivos, como aportes extra por capacitación. Sectores industriales como la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA), también respaldaron el proyecto original del Ejecutivo para que esos aportes sean voluntarios.
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Desde CADAM remarcaron que “la reforma laboral sigue sosteniendo de esta manera costos ocultos en paritarias que aumentan el costo laboral” y reclamaron además por la continuidad de la contribución solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde 2021 y aún descontada incluso a trabajadores no afiliados.
Por último, los empresarios señalaron que la ley original establecía la voluntariedad de los aportes, pero que la modificación de último momento los respalda hasta 2028. “A partir del 1 de enero de 2028 los aportes tendrán carácter estrictamente voluntario”, indica el texto que, según afirmaron, generó indignación en el sector.
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