La reestructuración de Vicentin ingresó en una etapa decisiva. Según trascendió en las últimas horas, la multinacional Cargill se encuentra en conversaciones avanzadas para respaldar la oferta de la empresa corredora Grassi SA, que busca quedarse con los activos de la firma santafesina mediante el mecanismo judicial de cramdown.
Segú detalla un cable de la agencia Bloomberg, aunque la multinacional confirmó que mantiene charlas preliminares, aclaró que su participación sería limitada a un acuerdo comercial con Grassi, en caso de que esta logre imponerse en la puja.
Vicentin fue hasta 2019 uno de los principales exportadores de soja del país, hasta que la empresa pidió concurso preventivo con deudas impagas por 1.300 millones de dólares. Entre sus activos más valiosos figura una participación del 33% en la planta de molienda de soja de Timbúes, considerada la mayor del mundo, con capacidad para procesar más de 30.000 toneladas diarias.
Ese paquete accionario, junto a otras instalaciones -incluidas una terminal sojera y una planta de girasol-, está ahora en disputa en un proceso concursal que definirá quién se queda con el control de la compañía.
Los interesados
Además de Grassi, en la lista de interesados aparecen otros pesos pesados del comercio global de granos: Bunge Global SA, que ya posee el 67% restante de la planta de Timbúes, y Louis Dreyfus Company, en alianza con Molinos Agro SA, controlada por la familia Pérez Companc.
Grassi, sin embargo, llega con una ventaja: fue la que forzó la apertura del cramdown, luego de que la Justicia declarara inconstitucional un intento de rescate liderado por Bunge y avalado por la familia fundadora. Esa maniobra permitió que la causa quedara abierta a ofertas de distintos competidores.
En los próximos días, los interesados deberán presentar propuestas a los acreedores, que incluyen a cientos de productores y acopiadores de la región pampeana. Para que un plan prospere, deberá reunir la adhesión de más de la mitad de los acreedores y dos tercios del monto de la deuda antes de fines de octubre, requisito previo a la homologación judicial.
Mientras tanto, la incertidumbre rodea el futuro de una de las compañías más emblemáticas del complejo agroexportador argentino. Lo que está en juego no es solo la continuidad de Vicentin, sino también la definición de quién controlará activos estratégicos en la industria aceitera local, clave para las exportaciones del país.