Otra vez la justicia de Río Negro vuelve a la carga contra quienes pelean por el derecho a la tierra. Débora Chavez, militante del FOL–Wallmapu rebelde de Viedma, y Hugo Aranea, secretario general de la CTA Autónoma de la misma ciudad, están siendo perseguidos judicialmente por una toma de tierras que arrancó en 2020 y que hoy es un barrio popular donde viven cientos de familias trabajadoras.
Aunque en su momento la justicia provincial los había absuelto, la fiscalía no se quedó conforme y apeló, logrando que el caso vaya a juicio en septiembre. Como si fuera poco, a Débora, que además de ser referente es vecina del barrio, le quieren sumar la amenaza de desalojo de su propia casa. Una muestra más de cómo el poder judicial se pone del lado de los poderosos y criminaliza a quienes luchan por un techo digno.
La lucha por vivienda y trabajo durante Alberto Fernandez
En 2022, la amenaza de desalojo que pesaba sobre Débora y sus hijos fue frenada gracias a la creación de una mesa de mediación. En ese espacio se sentaron a dialogar vecinos, funcionarios del municipio y la provincia, y también el privado que exigía la restitución de las tierras. El proceso de mediación selló un acuerdo entre todas las partes: el privado recuperó los terrenos más codiciados que dan a la ruta, mientras que el mismo aceptara que a las familias que peleaban por un lugar donde vivir se les asignen nuevos lotes, bajo la supervisión del municipio y el gobierno provincial.
En ese momento, más de doscientas familias desarmaron sus humildes viviendas y, en cuestión de días, se mudaron a los terrenos que les correspondían. Allí, finalmente, el municipio les entregó un certificado que avala su ocupación. Además, el barrio donde hoy viven Débora y cientos de familias más, el Ara San Juan, fue incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares. Según lo establece la ley 27453, quienes habitan estos barrios no pueden ser desalojados bajo ningún concepto. Este ataque sin fundamentos contra Débora no tiene otra explicación que la persecución impulsada por un sector del poder judicial, que casualmente se pone en marcha justo en plena campaña electoral, cuando los distintos partidos buscan posicionarse como los más duros con quienes menos tienen y los más implacables con los sectores populares.
Así las cosas, en la audiencia del jueves 7, Débora Chaves y su defensa legal hicieron la presentación de un pedido de suspensión de juicio a prueba para no llegar a la instancia de juicio. Luego de la audiencia, en declaración a Radio Encuentro, Débora confirmó que se logró un acuerdo para suspender su juicio. Esto significa que deberán cumplir ciertas condiciones durante un año. «Por suerte, todo se dio de manera tranquila, en gran parte gracias al apoyo de los vecinos y vecinas. Nunca tendría que haber llegado a este punto, pero al menos hoy podemos decir que terminó bien», señaló.
La situación de Aranea
Hugo Aranea, referente mapuche y dirigente de CTA-A, también es un perseguido por este proceso de tomas, y el proceso de su expediente continuará en septiembre. Por su parte, subrayó que la persecución judicial sigue vigente: «se conformó una mesa donde se pactó el traslado de las viviendas, y los vecinos cumplieron con ese compromiso en tiempo récord. Sin embargo, la Fiscalía sigue adelante con una causa que carece de sentido», remarcó.
Aranea también hizo hincapié en que este tipo de situaciones se dan en un contexto donde Viedma atraviesa una crisis habitacional profunda: «Hay más de 5.000 familias sin acceso a tierra ni vivienda. Un reclamo social que debería ser legítimo termina siendo criminalizado por ocupar terrenos que estuvieron abandonados durante años», denunció.
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