En noviembre de 2018, Javier Milei, entonces un economista y figura mediática, retuiteó desde su cuenta de X una publicación que mostraba a los chalecos amarillos franceses arrojando estiércol en la oficina de impuestos de la ciudad de Limoges. El gesto, enmarcado en las protestas contra el gobierno francés por la suba de los impuestos al combustible, fue acompañado por Milei con un comentario que no pasó desapercibido: «Hermosa iniciativa«.
Siete años después, el posteo volvió a circular con fuerza para marcar una falta de coherencia con aquella postura, cuando el gobierno avala explícitamente la decisión de la Justicia que derivó en la detención de cinco personas, entre ellas Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, y Eva Carina Alejandra Mieri, concejal y funcionaria del municipio de Quilmes, por arrojar estiércol frente a la casa del diputado oficialista José Luis Espert.
El episodio en cuestión ocurrió cuando, según la Justicia, Abaigar, Mieri y un grupo de personas encapuchadas colocaron un pasacalle en la puerta del domicilio de Espert con la leyenda «Acá vive la mierda de Espert«, esparció estiércol en la vereda y dejó volantes con mensajes de repudio al legislador de La Libertad Avanza.
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La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, actuó con rapidez: ordenó allanamientos en domicilios de Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz, y detuvo a cinco personas, incluída Abaigar, funcionaria del gobierno de Axel Kicillof, y a Mieri, cercana a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, referente de La Cámpora.
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Además, se secuestró una camioneta Chevrolet S10, vinculada al municipio de Quilmes, y un Renault Clío, registrado a nombre de Abaigar.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció las detenciones en X, y señaló a Abaigar como una «militante kirchnerista» que «a la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA y a la noche tira caca en la casa del diputado Espert«.
Milei, por su parte, respaldó a Espert en redes, y afirmó: «No nos van a intimidar. El rumbo no se negocia«.
Sin embargo, el contraste con su comentario de 2018 resulta inevitable. Lo que alguna vez celebró como una forma de protesta en Francia, hoy es calificado por su Gobierno como un acto vandálico que justifica detenciones, traslados a penales federales y acusaciones de amenazas.
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Desde el kirchnerismo, las detenciones fueron denunciadas como «arbitrarias» y parte de una «persecución política«. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, calificó el operativo como «ilegal y antidemocrático» bajo el argumento de que el hecho no supera una contravención municipal y que la detención de Mieri, incomunicada durante horas, y de Abaigar, trasladada al penal de Ezeiza, responde a un intento de «disciplinar» a la oposición.
Organismos de derechos humanos y legisladores de Unión por la Patria, como Mónica Macha, se sumaron al repudio y señalaron que el gobierno de Milei criminaliza la protesta mientras ignora problemas más graves como el narcotráfico, la emergencia en discapacidad, las jubilaciones y la situación de los médicos residentes del hospital Garrahan.
El abogado de Abaigar, Daniel Llermanos, cuestionó la desproporción de las medidas, y destacó que su clienta padece una enfermedad autoinmune que requiere cuidados médicos y que el hecho debería tratarse como una contravención, no como un delito penal.
La madre de Abaigar, Eva Pietravallo, también denunció el trato «inhumano» hacia su hija, que incluyó el traslado encadenada y sesiones fotográficas humillantes en el penal.
A pesar de estas críticas, la jueza Arroyo Salgado concedió este viernes la prisión domiciliaria a Abaigar bajo vigilancia electrónica, aunque la causa sigue bajo secreto de sumario.
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La contradicción entre el Milei de 2018, que aplaudía el estiércol como herramienta de protesta, y el de 2025, que reprime un acto similar con el peso del Estado, pone en evidencia una paradoja.
Mientras el Presidente y sus aliados, como Espert y Bullrich, defienden permanentemente la mano dura contra los responsables, las críticas al Gobierno crecen, no sólo por la aparente incoherencia, sino por el uso del aparato judicial para perseguir a opositores.
En palabras de Juan Grabois, «en Argentina hay un estado de sitio encubierto«, una afirmación que refleja el clima de polarización que atraviesa el país.
El caso, lejos de cerrarse, sigue generando repercusiones. La investigación continúa, y la Cámara Federal de San Martín debe resolver la situación de los detenidos.
Mientras tanto, el episodio reaviva el debate sobre los límites de la protesta, la libertad de expresión y el uso del poder estatal en un contexto de creciente tensión política.
Lo que para Milei fue una «hermosa iniciativa» en Francia, en Argentina se convirtió en un delito que su Gobierno no está dispuesto a tolerar.
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