La Resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud, publicada el 1 de julio de 2025 en el Boletín Oficial, representa un nuevo capítulo en la serie de medidas que el gobierno de Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, han implementado para desmantelar el sistema de salud pública argentino. Bajo el pretexto de “optimizar” el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, esta resolución introduce cambios que precarizan aún más la formación de profesionales y debilitan la capacidad del sistema sanitario para responder a las necesidades de la población. Lejos de ser una reforma técnica, esta medida se inscribe en una agenda más amplia de recortes, despidos y desfinanciamiento que pone en riesgo el derecho a la salud de millones de argentinos.
Batalla política y cultural en salud
La Resolución 2109/2025 aprueba un nuevo Reglamento General para el Sistema Nacional de Residencias de la Salud y establece modelos de convenios anuales para becas de formación. Según el texto oficial, el objetivo es financiar estratégicamente a residentes en línea con las políticas sanitarias del Ministerio y las necesidades de la población. Sin embargo, el trasfondo implica profundizar la precarización laboral de los residentes al mantener un sistema de becas que no reconoce derechos laborales plenos, perpetuando condiciones de inestabilidad económica y profesional. No se garantiza en el nuevo sistema licencias por vacaciones, enfermedad, pago de seguro, etc.
Por otro lado, la resolución en sus anexos detalla un avance en la descentralización del sistema de salud, tarea que inició el menemismo pero que no habían podido profundizar. Con esta Resolución, se crean las “Becas Ministerio” y las “Becas Institución”, donde el Ministerio se corre de las segundas, dando lugar a cualquier tipo de atropellos por parte de las “Instituciones” que otorguen las becas.
Además, la resolución no aborda la falta de recursos en los hospitales públicos donde los residentes realizan su formación, ni garantiza un aumento en el número de plazas para responder a la creciente demanda de profesionales especializados. En un contexto de subfinanciamiento crónico, esta medida es un intento por parte del gobierno de atacar a un sistema ya colapsado, que una solución real para fortalecer la formación médica.
No podemos dejar de señalar una batalla en la cuestión etimológica, dada la insistencia del gobierno por instalar el concepto de “beca”, reemplazando el de “residente”. Lugones en primer lugar en su discurso, y luego en la Resolución, enfatizan reiteradamente de que los residentes “no trabajan”, sino que solo “se forman”. Sabemos que “residente” Indica la acción de residir, de vivir en un lugar de forma habitual, que es lo que pasa con la mayoría de las residencias que transcurren arriba de las 45 horas semanales en los hospitales y centros de salud. En cambio, la “beca” implica una ayuda económica a secas, es decir, que los trabajadores profesionales en formación no solo no serían parte del sistema, sino que además no estarían bajo ninguna relación laboral.
Un patrón de desmantelamiento sanitario
Está medida no puede analizarse de forma aislada. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, ha implementado una serie de medidas de ataque contra el derecho a la salud. Nos resulta clave enumerar las fundamentales para analizar el ataque a las residencias en este contexto:
1. Recortes y despidos masivos: En enero de 2025, el Ministerio de Salud despidió a cientos de trabajadores, en diferentes hospitales como el Posadas y el Bonaparte, incluyendo especialistas clave en áreas como VIH, rabia, sarampión y fiebre hemorrágica argentina.
2. Cierre del Instituto Nacional del Cáncer: Lugones justificó el cierre del INC alegando “irregularidades” en la entrega de medicamentos y “estructuras duplicadas”. Sin embargo, esta decisión ha eliminado un pilar fundamental para la atención oncológica, afectando a pacientes que dependen de la cobertura pública para tratamientos costosos.
3. Retiro de la OMS: En febrero de 2025, Milei ordenó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), argumentando que las cuarentenas durante la pandemia de COVID-19 fueron un “delito de lesa humanidad”.
4. Desfinanciamiento y precarización: La eliminación de programas de prevención y respuesta a emergencias, junto con la falta de inversión en infraestructura hospitalaria, ha exacerbado la crisis sanitaria. Por ejemplo, la baja cobertura de vacunación (la segunda dosis contra el sarampión apenas supera el 50%) ha generado brotes de enfermedades prevenibles como sarampión y hepatitis A.
5. Liberación de precios de medicamentos, prepagas y vaciamiento del PAMI: El Gobierno desde que asumió liberó los precios de la economía y los medicamentos fueron parte del paquete, afectando gravemente a aquellos que más los necesitan: los jubilados. A su vez, las prepagas se vieron beneficiadas con aumentos por encima de la inflación y el PAMI sigue siendo vaciado, con despidos de profesionales, recortes de prestaciones.
6. Congelamiento de todas las prestaciones por discapacidad. Los nomencladores por los cuales se pagan las prestaciones por discapacidad, en tanto transporte, terapias, etc; se encuentran congelados; afectando gravemente a las personas que precisan de sus tratamientos y se ven recortados por profesionales que renuncian por salarios miserables o falta de pagos.
Una agenda contra el pueblo
Las políticas sanitarias de Milei y Lugones reflejan una visión ideológica que ya ha fracasado en otros países del mundo, como Estados Unidos, cuyo sistema de salud es de los más injustos.
En este contexto, la Resolución 2109/2025 no es un hecho aislado, sino parte de un plan sistemático para desmantelar el sistema de salud pública. Al precarizar a los residentes y desfinanciar los hospitales, el gobierno de Milei atenta contra el derecho a la salud.
Frente a este panorama, es urgente que nos movilicemos para frenar estas medidas. Con lucha consecuente y democracia sindical, tal como lo está impulsando desde el Hospital Garrahan la APyT, o como han demostrado los residentes en el 2023. La salud pública no es un gasto, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. La defensa de la salud pública requiere un compromiso colectivo para frenar esta ofensiva y construir un sistema sanitario único, público y de calidad para todos los argentinos.