Con la publicación de la resolución 1319/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei implementó un nuevo régimen de acreditaciones para la prensa en la Casa Rosada. La medida, firmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, entra en vigencia de manera inmediata y establece un procedimiento más riguroso que el que regía desde 2024.
El nuevo esquema endurece los requisitos para periodistas y medios que deseen cubrir actividades oficiales dentro de la sede del Poder Ejecutivo. Entre los cambios centrales, se exige la presentación de una declaración jurada obligatoria y se aplicará una “matriz de evaluación objetiva” que aún no fue detallada públicamente.
Nuevas reglas para acceder a la Casa Rosada
A partir de ahora, los interesados en acreditarse tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar su solicitud. El nuevo período de acreditación regirá desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, y será evaluado por la Subsecretaría de Prensa, que asume un rol clave como autoridad de aplicación.
Según lo dispuesto, los criterios de evaluación serán más exigentes, aunque no se especificaron cuáles serán los parámetros concretos de esa “matriz objetiva”. Esto genera preocupación en sectores del periodismo que advierten sobre posibles filtrados arbitrarios o discrecionales en el acceso a la información oficial.
Entre lo que se detalló, el Gobierno evaluará el reconocimiento del medio, sus métricas y rating, y la trayectoria el periodista, para otorgar la acreditación.
Además, la normativa redefine el aforo permitido en espacios como la sala de conferencias de prensa y la sala “Decano Roberto Di Sandro”, con el objetivo —según explicaron desde el Ejecutivo— de evitar aglomeraciones, optimizar la seguridad y garantizar el normal desarrollo de las actividades gubernamentales. Serán permitidos 25 periodistas en la sala de prensa y 36 en la de conferencias.
Asimismo, el Gobierno emitió advertencias sobre el correcto trato entre colegas, quienes podrían ser expulsados y revocada su acreditación en caso de no comportarse de manera respetuosa con sus colegas o con los funcionarios. Se exigirá también un código de vestimenta «formal».
Críticas, dudas y falta de transparencia en los criterios
El Gobierno sostiene que esta actualización normativa busca “garantizar el acceso a la información pública de forma objetiva, plural y transparente”. Sin embargo, no se aclara si habrá instancias de apelación para aquellos periodistas o medios cuyas solicitudes sean rechazadas, ni qué ponderaciones aplicará la matriz de evaluación.
Desde organizaciones que nuclean a trabajadores de prensa y medios de comunicación, ya se advierten interrogantes sobre la discrecionalidad que puede implicar esta nueva política de acceso, en un contexto donde la libertad de expresión y el derecho a la información siguen siendo puntos sensibles en la agenda pública.